El protocolo municipal de ola de frío: de la discriminación a la ilegalidad
Las políticas sociales de Navarra+, cuya responsable máxima en Pamplona-Iruña es María Caballero se pueden definir con tres adjetivos: insensibilidad, discriminación e ilegalidad.
La insensibilidad se manifiesta en el mirar para otro lado ante determinadas situaciones sociales que, sin una adecuada atención, diagnóstico, planificación y recursos no hacen más que crecer como una bola de nieve ladera abajo, provocando problemas cada vez mayores y más diversos.
Esto es lo que está ocurriendo con las personas jóvenes, en su mayoría de origen africano que llegan a nuestra ciudad con unas inmensas ganas de labrarse un futuro, deseando aprender un oficio y/ o trabajar en condiciones dignas.
Estas personas se dirigen a las Unidades de Barrio, donde por orden de la concejalía no les pueden dar una primera atención, que se centraliza en una sola profesional de alta exclusión.
Una administración más sensible sería capaz de acoger la creciente demanda mediante la acción en sus trece Unidades de barrio, distribuyendo su atención, pero no lo quieren hacer porque les puede el no querer ver, no mirar, no asumir responsabilidades. Como si los problemas a los que deben buscar soluciones, desaparecieran si no se nombran.
Una administración no racista, trataría a estas personas jóvenes sin importar su lugar de nacimiento, una administración inclusiva sí se preocuparía y ocuparía de la vulnerabilidad añadida a la que se enfrentan personas jóvenes sin un hogar, ni una familia que les acoja. Cuando el origen de las personas importa en la atención que les presta la administración más que las situaciones de desventaja o exclusión social a las que se enfrentan, la administración incurre en discriminación y se aleja de la cohesión social.
Una administración que no cumple con la normativa vigente está actuando además de forma ilegal. ¿Alguien va a actuar de oficio en nuestra comunidad contra estas ilegalidades?
Si durante los 3 años y medio de legislatura hubieran atendido a estas personas jóvenes de origen africano, como la ley ordena, se les hubiera empadronado, cosa que no hacen, incumpliendo con ello toda la normativa vigente.
En nuestra sociedad, una persona sólo empieza a serlo, existe, cuando tiene «papeles» y el empadronamiento es el primero que el Ayuntamiento está obligado a darles, para poder tener después derecho a la atención sanitaria, a demostrar un arraigo que posibilite su residencia legal, a acceder a prestaciones que les permitan cubrir sus necesidades básicas, sus gastos de alojamiento, pagar sus desplazamientos hasta los centros formativos,… empezar a sentir que son personas, con derechos y obligaciones, como tú y como yo, ni más ni menos.
Y al llegar la ola de frío, que en palabras de María Caballero ha llegado «antes» que otros años, se sorprenden de que el número de personas jóvenes es de varias decenas, cuando deberían haberlo previsto, solo revisando la información de los Servicios Sociales municipales: unidades de barrio, educación en calle, alta exclusión,… y escuchando las continuas llamadas de atención de las entidades sociales.
La última ilegalidad cometida por el ayuntamiento en todo este despropósito es el «Protocolo contra el frío» activado el pasado viernes 18 de noviembre.
En dicho protocolo el Ayuntamiento ordena a la empresa que gestiona el albergue para personas sin hogar de Trinitarios que actúe «…acogiendo a personas sin hogar empadronadas y/o con arraigo constatado en la ciudad de al menos 4 meses»
La entrada de personas en situación de calle que no cumplan esos requisitos se hará siempre y cuando existen plazas libres en el recurso.
Por lo tanto hay dos situaciones claramente diferenciadas:
La Ordenanza en su artículo 16 define que: el «Protocolo contra el frío» es una emergencia humanitaria por la que se pretende que ninguna persona tenga que dormir en la calle cuando hace frío.
Y en su artículo 19 dice: «Para aquellas personas que lleguen y no cumplan alguno de los requisitos de acceso normalizado al centro…
—si la persona decide quedarse, podrá ser acogido en el centro durante esa noche.
Cuando el servicio esté completo, se informará de la posibilidad de utilizar un vale de autobús. En el caso de rechazarlo, se facilitará un vale de pensión para esa noche.”
Sin embargo el Protocolo activado el día 18 de noviembre de 2022 niega esta última posibilidad, incumpliendo así su propia Ordenanza.
La insensibilidad, la discriminación y la ilegalidad respecto de la atención a las personas en calle de este Ayuntamiento resultan muy claras cuando se compara con situaciones vividas en años anteriores, en los que se han llegado a habilitar hasta 64 plazas en el albergue utilizando camas supletorias, pudiendo dar así alojamiento por encima de las 50 plazas habituales.
En estos últimos días hemos visto negar la entrada al albergue a personas no empadronadas aún teniendo plazas libres, incumpliendo así con el Protocolo aprobado por el propio Ayuntamiento, que al mismo tiempo envió dicho Protocolo a varias entidades sociales que atienden a esta gente joven. Y nos preguntamos: ¿sabían realmente lo que mandaban?, ¿pensaban en serio que estaban ofreciendo algún tipo de atención a estas personas después de excluirlas «deliberadamente» en el Protocolo, una vez completadas las plazas en el albergue?.
Dejen su insensibilidad y el trato discriminatorio e ilegal a las personas jóvenes o no, nacidas donde hayan nacido, que malviven en las calles y bajo los puentes de la ciudad.
Articulen todos los recursos profesionales y materiales disponibles para prestarles atención respetando su derecho a ser empadronadas, a dormir fuera de la calle cuando hace frío, a formarse y a trabajar en condiciones dignas. No solo conseguirán personas agradecidas y dueñas de sus sueños por salir adelante sino que también evitarán problemas sociales más graves.
No miren para otro lado porque es su responsabilidad.