Una iniciativa de Izquierda Ezkerra propone recuperar el poder adquisitivo de las pensiones perdido con la reforma del PP en 2013
Con este objetivo ha sido presentada hoy miércoles 18 de abril, en el Parlamento de Navarra, una proposición de Izquierda Ezkerra (IU y Batzarre) de reforma constitucional cuyo objeto es garantizar la actualización anual de las pensiones como mínimo conforme al incremento del coste de la vida.
Como se ha sañalado en la rueda de prensa, que ha contado con la asistencia de José Miguel Nuin parlamentario de IE y miembro de IU e Iñigo Rudi, portavoz de Batzarre, la aprobación de esta reforma del artículo 50 de la Constitución se completa con la anulación de la reforma de las pensiones que el gobierno del PP aprobó en 2013.
Se deroga la Ley 23/2013 que aprobó el PP e introdujo el índice de revalorización y el índice de sostenibilidad ya que estos índices permiten actualizaciones de las pensiones muy inferiores al incremento del coste de la vida.
Por último se propone incorporar una disposición adicional para que las pensiones queden automáticamente actualizadas e incrementadas en la pérdida de poder adquisitivo ocasionado por la aplicación de la reforma de pensiones del PP de 2013.
Con esta iniciativa, desde Izquierda-Ezkerra queremos realizar una aportación a la necesidad y urgencia social de alcanzar y blindar unas pensiones suficientes y dignas en Navarra y en el conjunto del Estado.
Los colectivos de pensionas pensionistas, de los más castigados por la crisis.
Las consecuencias devastadoras que ha provocado tanto la crisis que arrastramos desde hace una década como la gestión de la misma, se siguen notando en las condiciones de vida y de trabajo de la mayoría social. Sigue habiendo millones de personas a las que la recuperación económica tantas veces cacareada no ha alcanzado en absoluto.
Entre los colectivos más castigados se encuentra el de personas pensionistas, cuyo poder adquisitivo está en caída libre y en cuyas espaldas recae no sólo la ardua tarea de subsistir con sus mermadas pensiones, sino en muchos casos ser el sostén de sus familias: hijos e hijas que han perdido el empleo o que tienen salarios tan escasos que hacen imposible que salgan adelante sin la ayuda de sus mayores. Y eso, con una pensión media actual en España de 932 euros; aún peor, estando la pensión más habitual entre 600 y 650 euros, cifra inferior a la que marca la exclusión social.
Las reformas del sistema de pensiones aprobadas en 2011 y en 2013 incorporaron elementos muy regresivos que nos alejan del mandato constitucional de garantizar unas pensiones adecuadas, actualizadas y suficientes.
En 2011, con gobierno del PSOE, se aprobó el progresivo retraso de la edad de jubilación de los 65 a los 67 años, se aumentó el número de años necesarios para acceder al 100% de la pensión de jubilación de los 35 a los 37 años, se endurecieron las condiciones para acceder a la jubilación anticipada y a la jubilación parcial, se modificaron las normas de cálculo de la base reguladora de las pensiones y los tipos aplicables en función del número de años cotizados, lo que se ha traducido en la práctica en unas pensiones cada vez más bajas.
Índice de revalorización y factor de sostenibilidad.
Por su parte, los dos aspectos fundamentales de la reforma del PP en 2013 fueron la introducción del índice de revalorización, y el adelantamiento a 2019 de la aplicación del factor de sostenibilidad.
El índice de revalorización vino a sustituir la actualización de las pensiones con arreglo al IPC y ha supuesto de facto la congelación de las pensiones durante los años previos y una fuerte pérdida de poder adquisitivo en 2017 y 2018 que alcanzará entre ambos años un 3%. La pérdida acumulada entre 2010 y 2018 será del 6%. El denominado factor de sostenibilidad, al realizar el cálculo inicial de la pensión de jubilación en función de una teórica esperanza de vida de la persona pensionista, lleva nuevamente a una rebaja importante de la cuantía de las pensiones, en torno a un 5% por década.
El elevado riesgo de pobreza entre los futuros pensionistas es patente. De hecho, ya hoy en día la mayoría de las pensiones mínimas marcadas por el Gobierno Central están por debajo del umbral de la pobreza.
Es cierto que existe déficit en la Seguridad Social pero el déficit ha sido provocado por las políticas de los gobiernos de Zapatero y Rajoy. En primer lugar, provocando con las reformas laborales paro y depauperación salarial que han hundido las aportaciones sociales (con prácticamente los mismos afiliados a la Seguridad Social que hace 9 años se recaude 15.000 millones de euros menos).
En segundo lugar, el gobierno de Rajoy redujo las cotizaciones sociales, salario diferido que se hurta a los trabajadores y trabajadoras y no tasa o imposición, que muchos empleadores tenían que pagar (sin que ello haya tenido ningún impacto en la creación de empleo, tal y como revelan los datos del Observatorio del Trabajo Autónomo).
En tercer lugar, el gobierno vació la hucha de las pensiones retrayendo la cantidad de ingresos que se obtenían con su recapitalización. Además, eliminaron las cotizaciones sociales de muchas prestaciones por desempleo. No fue la crisis lo que provocó el déficit de la Seguridad Social, sino las políticas liberales y austericidas aplicadas.
Lo cierto es que las medidas adoptadas por el bipartidismo atentan, como hemos dicho, contra el derecho a tener una pensión adecuada, actualizada y suficiente, previsto en los artículos 50 y 41 de la CE.