IGLESIA Y SEXUALIDAD

Milagros Rubio

( 01 - 08 - 2003 )

Concejala de Batzarre en Tudela

        El reciente documento de la Iglesia Católica “Consideraciones sobre los proyectos de reconocimiento legal de las uniones entre personas homosexuales” supone un ataque al reconocimiento de derechos humanos que debieran ser incuestionables en nuestra sociedad al día de hoy. Y supone tal ataque fundamentalmente, no por el hecho de que la Jerarquía Eclesiástica piense de una manera contraria a tales derechos –cuestión que denota, una vez más, lo mucho que le queda a la Iglesia Católica por avanzar en el respeto a la libre opción sexual y denota el alejamiento entre jerarquía eclesiástica y amplios sectores de su base-, sino por dirigirse a quienes ocupan cargos políticos y de gobierno. El documento pide a los políticos que aleguen objeción de conciencia y que no promulguen ni cooperen con leyes que otorguen derechos a “uniones nocivas para el correcto desarrollo de la sociedad humana” en alusión, entre otras cuestiones, a que las uniones de lesbianas y homosexuales no sirven a la reproducción humana. Pero el Vaticano no sólo llama a discriminar legalmente a la ciudadanía de acuerdo a sus vivencias sexuales, sino que hiere insultando y proscribiendo a quienes optan por uniones homosexuales a las que tilda de “nocivas para el correcto desarrollo de la sociedad humana” afirmando que producen “un innegable daño a terceros y a la sociedad en su conjunto”. Como guinda del pastel califica la adopción de niños por gays como inmorales porque, según dicha Jerarquía, someten a los niños a “violencia de distintos órdenes, aprovechándose de la débil condición de los pequeños”.

            Son muchas las cuestiones a corregir en tan disparatadas aseveraciones. No obstante, la primera ha de ser defender el ejercicio político de toda intromisión del fundamentalismo religioso, reivindicando la separación de poderes Iglesia-Estado que, realmente, nunca ha tenido lugar del todo en los países mediterráneos. Además, hay que recordarle a la Jerarquía Eclesiástica que los niños sometidos a violencia de distintos órdenes son aquellos a los que se les priva de derechos básicos y los que sufren abusos o malos tratos y los que no son cuidados, queridos, protegidos  en salud, alimentación, afecto, educación…

            En primer lugar, moralmente, hay que recordar sobre todo a los miles de criaturas que sufren los efectos de las guerras, la hambruna y la miseria. Recuerdo y gesto que hubiéramos apreciado en el Papa en su reciente visita preelectoral al Estado Español a cuyo gobierno tenía que haber criticado directa y severamente por su implicación en la cruenta invasión de Irak. Si el Vaticano está tan preocupado por la violencia a la que puedan verse sometidos los niños ¿Por qué no sugiere, y digo tan solo sugiere,  a los políticos católicos que ejerzan la objeción de conciencia y la insumisión, ante la participación de sus gobiernos en la mayor ignominia que pueden cometer los seres humanos contra la infancia, las familias y la sociedad en general, que son las guerras con sus masivos asesinatos, sus torturas, y todos sus efectos de muerte, hambre, desolación y dolor? La inequívoca postura del Papa frente a la guerra de Irak no fue suficiente para un llamamiento de ese estilo y no impidió su connivencia preelectoral con el PP. Tan desigual posición frente a leyes y posturas de gobiernos abre una brecha cada vez mayor entre Jerarquía Eclesiástica y sociedad civil democrática.

            Incluso sin desplazarnos a guerra alguna, el Vaticano y cualquier otra instancia que diga pretender proteger a la infancia, tiene que levantar su voz fervientemente contra las leyes de extranjería en las que vergonzosamente se atrincheran los países europeos. Tanto deseo de protección familiar ha de conjugarse con el conocimiento de que cada vez resulta más difícil legalmente a las personas inmigrantes la reagrupación familiar. Asimismo, son infrecuentes las muertes de mujeres embarazadas en pateras. No se permite legalizar su situación a jóvenes deseosos de establecerse aquí y, en ocasiones, de tener hijos. Y todo ello tiene lugar por decisión política. Y tampoco se puede mirar para otro lado, cuando los abusos sexuales y malos tratos a la infancia tienen lugar, frecuentemente, en el modelo familiar más bendecido por la Iglesia. La orientación sexual y sus vivencias no determinan la calidad del cuidado de los hijos. La adopción de niñas y niños, sea cual sea la orientación sexual de sus madres y /o padres, es una forma más de tener hijos y educarlos. Es más, es bastante habitual que las criaturas más deseadas, las que se tienen conscientemente, por parto o adopción, sean las mejor atendidas. Pero indudablemente, malos y buenos progenitores puede haberlos de cualquier orientación sexual y en cualquier modelo de convivencia.

            Hay organizaciones civiles y eclesiásticas que aportan cuestiones socialmente beneficiosas y las hay que pueden hacer daño. Es de Perogrullo. Al margen de la religiosidad o no de cada cual, las religiones son parte de la cultura y filosofía social general. Las religiones presentes entre nosotros  pueden jugar un papel social positivo contrarrestando con valores unas relaciones humanas mediatizadas por el consumismo, la competitividad y la falta de solidaridad.  Pero también pueden sucumbir en la tentación del fundamentalismo, de que las resoluciones políticas se inscriban en un modelo religioso determinado a promocionar. Y ahí pueden dañar profundamente; en este caso, fundamentalmente, a quienes sufren las consecuencias directas del estigma que el Vaticano quiere colocar a quienes optan por vivir su sexualidad fuera de su ortodoxia. Hieren en general a quienes  amamos la libertad y promovemos la igualdad de derechos para todos los seres humanos. También, me consta, duelen a muchas personas gays que forman parte de la Iglesia Católica a quienes se obliga o bien a la castidad impuesta o bien al engaño y la clandestinidad, y a católicos que viven su catolicismo de manera más respetuosa con las diferentes opciones sexuales, en definitiva más democrática. No obstante, esta respuesta a la Jerarquía Eclesiástica está motivada por un compromiso público con la libertad, con la solidaridad, con la igualdad.

            Porque una vez más, quienes ostentamos un cargo público comprometidos con una aspiración de transformación social más justa, tenemos que levantar la voz en defensa de la libertad, también sexual y de formas de vida, y de los derechos humanos. Aquí, y en el cargo que ocupamos.

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