Trazos para la Ley de memoria histórica

Ioseba Eceolaza

( 15 – 12 – 2006 )

            En las próximas semanas se debatirá la Ley de Memoria histórica en el Congreso de los Diputados. Estamos ante un momento importante para un gran colectivo de víctimas que en los últimos años se ha levantado contra la invisibilidad.

            La presentación de esta Ley es un hecho positivo porque normaliza y oficializa varias de las iniciativas que las asociaciones de familiares llevan realizando desde hace 5 años y sobre todo, porque da un paso que en 29 años de sistema democrático no ha dado ningún gobierno. Ahora bien, conviene hacer un análisis crítico de la misma.

            A mi juicio cuando hablamos de la memoria histórica, existen dos cuestiones que son necesarias tenerlas en cuenta a priori. En primer lugar en España, a la guerra civil le sucedió una larga dictadura y por lo tanto un desequilibrio enorme entre la memoria de los vencedores y la de los vencidos. Y en segundo lugar, tenemos que ser capaces de separar la Guerra civil y el franquismo. Es decir, no podemos mezclar todo y decir que en los dos bandos se cometieron tropelías para así no abordar la necesaria restitución. Es un hecho más que objetivo que en los dos bandos hubo fusilamientos y torturas, la guerra fue horrible, 600.000 muertes en total hablan por si solas. En la zona nacional cayeron 100.000 personas fusiladas, en la republicana 60.000, entre ellos 7.000 religiosos. Hasta ahí el terror compartido porque a partir de 1939, en Navarra a partir del mismo 18 de julio de 1936, con todo a su favor para ser generoso y sellar la paz, el régimen franquista decidió sellar la victoria con 270.000 personas encarceladas y fusiló a 192.684, mientras que al menos 4.000 personas murieron de hambre y frío en las prisiones.

            Habiendo existido así un desequilibrio más que evidente en los relatos históricos a favor del franquismo, y sobre todo habiendo existido una memoria ocultada y perseguida es necesario que esta Ley tenga un mayor afán descriptivo sobre lo que quiere reconocer y restituir. No se trata, sin embargo, de hacer una historia oficial desde el poder, sino de relatar los hechos que inspiran este reconocimiento tardío, este proyecto debe reflejar la naturaleza de los abusos y la intensidad de los daños.

            Las cosas en la transición no se hicieron bien, por eso es necesaria una ley como esta a 31 años de la muerte del dictador Franco, y por eso es necesario una autocrítica en la propia Ley ya que al final del franquismo se cometieron errores graves con las víctimas republicanas de la guerra civil y de la dictadura. Sin embargo realza una y otra vez “el espíritu que guió la transición”. Y por todo esto, es necesario tener una especial atención, también, hacia todas las víctimas generadas hasta el 23 de Febrero de 1981, y que no están incluidas en ninguno de los apartados a los que se refieren esta y otras leyes de víctimas.

            Deben desaparecer todos los símbolos y leyendas franquistas, pero no porque “homenajean a un solo bando” como dice la Ley, sino simple y llanamente porque son parte de un régimen antidemocrático que ejecutó a miles de personas, y provocó una guerra civil y en esta tarea son parte fundamental las entidades locales y los organismos privados. Además el problema del Valle de los caídos no sólo es que se hagan homenajes de exaltación franquista, sino que aún están allí los cuerpos de Franco y Primo de Rivera, y sobre todo los restos de miles de republicanos, restos que algunos de ellos por la desinformación están siendo buscados por las cunetas.

            Para no caer en una cómoda equidistancia, es necesario que esta Ley subraye que el sistema republicano vigente en todo el Estado hasta el Golpe militar del 18 de Julio de 1.936, era un sistema de libertades y de avance social equiparable a las democracias más avanzadas de la época, que realizó múltiples mejoras para la sociedad española y desarrolló algunos de los derechos democráticos elementales de la sociedad de hoy.

            En cuanto a la anulación de los juicios, no dudo de que la formula legal será complicada, pero es necesario hacerlo porque aquí reside una las preocupaciones fundamentales de los familiares; la dignidad de sus seres queridos. La inseguridad jurídica que produciría revisar actos judiciales anteriores, no parece un argumento muy convincente cuando estamos hablando de leyes aprobadas en un sistema no democrático. La democracia española debe deslegitimar el franquismo, jurídicamente y para siempre.

            Por otra parte, una de las cuestiones que mejor simbolizan la tragedia de estas víctimas es la existencia de los desaparecidos. Los redactores de esta Ley deberían haber aterrizado en una fosa, para saber que el mayor trabajo no es la exhumación en sí misma, sino la localización, es decir, la investigación del paradero y el estudio de las identidades de las personas que pueden estar enterradas en una determinada fosa. Por eso no sólo hace falta financiación, que es una forma pasiva de ayudar, sino que hace falta principalmente ayuda para investigar, por eso el estado debe ser parte activa en este trabajo, y no limitarse a aportar fondos o permisos legales.

            Hay otras cuestiones de la Ley que sería necesario modificar. La parte fundamental de esta Ley se basa en la creación de un consejo formado por cinco personas, que deberá resolver las solicitudes de declaración. Siendo una de las partes más importantes, sorprende que tenga que ser elegida por mayoría absoluta de tres quintos del Congreso de los Diputados, es decir, sorprende que el PSOE le de al PP, en la parte fundamental de esta Ley, capacidad de veto cuando este partido ha dejado claro desde el principio su actitud beligerante hacia la Ley.

            Así como se reconoce específicamente el sufrimiento de los esclavos del franquismo, deberían reconocer así mismo la lucha de los guerrilleros y de los maquis. La epopeya de los que lucharon contra el franquismo, después contra la Alemania nazi y finalmente en la clandestinidad, debe ser reconocida. Esta Ley, además, debe honrar la memoria y contribuir a la reparación moral de cuantos cargos públicos y funcionarios fueron destituidos de sus cargos y puestos de trabajo por ser acusados de simpatizar con opciones republicanas tras el golpe de estado franquista de 1936. 

            Así mismo, la represión ejercida contra los homosexuales y los gitanos debe ser tenida en cuenta para este trabajo de la restitución. Ya que bajo una norma de 1954 homosexuales y transexuales fueron confinados en los denominados “centros de trabajo” y “colonias agrícolas penitenciarias”. La represión hacia los gitanos se basó en la Ley de “vagos y maleantes” de 1933, y continuo hasta muy entrada la transición basándose en los artículos 4,5 y 6 del Reglamento de la Guardia Civil donde recomendaba una especial atención a este colectivo “vigilando escrupulosamente todos los documentos que tengan, confrontar sus señas particulares, observar sus trajes, averiguar su modo de vida…”

            En la guerra civil, está claro que pierde toda la sociedad, pero también es cierto que los familiares de las víctimas republicanas perdieron algo más.

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