En los últimos años se están acelerando los procesos de cierres parciales o totales de centros de trabajo para trasladarse a otros países con una mano de obra más barata. Son muchos los ejemplos, el más reciente e inacabado es el de la planta de Dura.

            Ante este proceso se escuchan sobre todo dos discursos: el primero ve la realidad económica embellecida y no reconoce problemas, considera estos cierres como algo digerible, siendo insensible con las personas que han dejado muchos años de vida en estas empresas; sus argumentos son los datos macroeconómicos que sin duda colocan a Navarra en unos altos niveles de riqueza. El segundo es más catastrofista y no suele tener en cuenta que los procesos de deslocalización han existido siempre, por ejemplo cuando Navarra se benefició hace décadas de la llegada de muchas empresas, pasando de ser una sociedad rural y agraria a una sociedad industrial y de servicios. Esta industrialización corregida y dignificada en la transición con la labor de un fuerte sindicalismo puso las bases del nivel de vida que se tienen en la actualidad importantes capas sociales.

            Aunque en mi opinión sería bueno escuchar posiciones más equilibradas que las dos expuestas, de cara a futuro son muchas las incógnitas que nos invaden. Así una economía, con un sector industrial que pierde peso (2.600 industrias en Navarra, de ellas más de 120 multinacionales) y un sector servicios creciente donde la calidad en el empleo es muy mejorable, debería ir planeando alternativas de futuro, por sentido común y por si uno de los principales motores económicos pincha a la par que el sector de la construcción se desinfla visiblemente.

            Claramente nos encontramos en un país con un alto riesgo de sufrir externalizaciones: por su gran dependencia de las multinacionales; por su bajo nivel de calidad de empleo; y por su dependencia del mercado secundario, donde el peso de los empleos de baja cualificación es muy grande y donde los empleos con mayores exigencias de nivel formativo están muy cubiertos en la actualidad. En I+D seguimos mal colocados, por ejemplo en Navarra el II Plan Tecnológico, marca el objetivo de llegar al 1.9% del PIB en gasto en I+D en el 2.007, cuando esa cifra ya era realidad (1.98%) en la Unión Europea de los 15 en 2001.

            La ampliación de la Unión Europea a los países del Este y el desarrollo de países como China, India o Brasil hacen que los costes laborales más bajos de estos países se impongan como motivos para deslocalizar. Ya en Europa entre un 6-8% del empleo que se destruye tiene este origen. Una dinámica que lleva a la competencia de todos contra todos (entre continentes, entre países, entre regiones de un mismo país o entre plantas de una misma multinacional). Es probable que suframos más duras deslocalizaciones, donde las empresas con varias décadas de implantación, que ya han sido amortizadas, decidan trasladar total o parcialmente sus producciones. Hoy en día una planta se puede amortizar en 10-12 años cuando hace unas décadas solía costar unos 20-25 años.

            Ante este proceso de tan grandes y graves dimensiones cabe resignarse o cabe moverse, ya que en todos estos procesos la gente peor parada es la ciudadanía. Cabe mantener posturas reivindicativas ante empresas que con beneficios plantean estas medidas. Cabe exigir Responsabilidad Social a las empresas de cara a sus plantillas y sociedades donde están implantadas. Cabe reclamar el resguardo de las personas ante esta sociedad del riesgo, mejorando la protección social de una forma sustancial ante unas relaciones laborales cada vez más volátiles en un mercado laboral que reduce al máximo sus responsabilidades a medio plazo, sobre todo con sus plantillas. Cabe aprovechar esta época de vacas gordas para cuando vengan las vacas flacas.

            Cabe también potenciar otras redes económicas que tengan como referencia clara el desarrollo sostenible, la calidad en el empleo y cuyo objetivo no sea la búsqueda del máximo lucro pisando las cabezas que hagan falta. El Estado juega un rol importante, tanto en la cobertura que da a multinacionales (que por supuesto también tienen patria) como en tomar medidas que mejoren la calidad del empleo. Por ejemplo en los últimos Presupuestos Generales del Estado se han dedicado más de 7.000 millones de euros en promoción del empleo; el 74% de 2.165 millones de euros de la financiación de la última Reforma Laboral va directamente a los bolsillos de las empresas en ayudas a la contratación. Otro ejemplo más local es el Plan de Empleo de Navarra donde el Gobierno cede la gestión de 431.6 millones de euros entre 2004-2007 (más la prórroga hasta el 2.008 con un conste de otros 143.9 millones de euros) a la CEN, UGT y CCOO.

            Cifras que bien se podrían orientar, aunque sea parcialmente, en fomentar otras redes económicas en vez de financiar a grandes empresas que nunca van a garantizar una estabilidad duradera, o a financiar planes insuficientes que no mejoran sustancialmente la calidad del empleo. Seguramente el tejido económico que se generaría sería de mayor calidad y menor volatilidad que el actual.

José Luis García

Miembro de ESK

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