Rozalejo: una oportunidad para el cambio. Por Edurne Eguino y Marisa de Simón, concejala en Iruña-Pamplona y parlamentaria de la coalición Izquierda-Ezkerra
La okupación desde hace un año del edificio abandonado del Palacio Marqués de Rozalejo está derivando en un conflicto cuyas consecuencias es necesario analizar con urgencia para evitar lo peor. Evitar el desalojo forzoso mediante el diálogo y el acuerdo entre el Gobierno, el Ayuntamiento como institución competente en garantizar espacios a la juventud y los y las ocupantes del edificio y, la retirada de la denuncia del Gobierno de Navarra y evitar en todo caso la deriva a un conflicto de orden público si el citado desalojo fuera adelante son dos premisas que por ambas partes pudieran ser suscritas para iniciar un verdadero proceso de diálogo.
Hace ya muchos años que los grupos políticos que actualmente gobiernan en Navarra y en Iruña vienen coincidiendo en el diagnóstico de la enorme carencia de verdaderas políticas de juventud en los largos años de gobierno de UPN en solitario o con apoyos de CDN y/o PSN. Coincidencia también en la defensa de los procesos de okupación y desarrollo de espacios autogestionados en el pasado, ante la falta de alternativas públicas, como el del Euskal Jai en el Casco Viejo, que terminó en un desalojo forzoso y violento y lo que es peor, en el desarrollo de un proyecto que volvió a dejar a la juventud y al tejido asociativo del barrio y de la ciudad sin locales de ningún tipo. Ocurrió también en el Condestable, con un proyecto de participación ciudadana que incluía la cogestión de los espacios para obtener financiación europea y frustrado de nuevo por ordeno y mando de la misma alcaldesa Barcina.
Este bagaje compartido se vio reflejado en 2015 en los sendos y valiosos acuerdos programáticos que permitieron conformar gobiernos de coalición tanto en Navarra como en Iruña-Pamplona.
En el de Navarra se dice textualmente:
“Poner en marcha políticas culturales destinadas a la promoción de la creatividad, destinando para ello espacios de uso auto gestionado y cogestionado con la administración; la creación de puntos de encuentro artísticos y culturales y dotar dichas iniciativas con los recursos necesarios para el correcto desarrollo e implantación de las mismas, en función de la demanda así como de la oferta de calidad que se quiera establecer; se atenderá a la interculturalidad.”
La okupación de espacios largamente abandonados por las Instituciones públicas o privadas es una forma de abrir un debate tanto de la necesidad de locales para el desarrollo de actividades de la sociedad civil como de la necesidad de las instituciones de no condenar al desuso y a la ruina a espacios públicos que como el caso que nos ocupa, está situado en una zona neurálgica de la ciudad”.
Desde el inicio de la okupación, precedida por la anterior del edificio en la calle Compañía y del proceso de cesión municipal del chalet de Caparroso, desde Izquierda-Ezkerra hemos defendido las reivindicaciones de locales públicos de cogestión y/o autogestionados para la sociedad civil en general y para las asociaciones juveniles en particular, siempre garantizando un uso público, plural, para toda la ciudadanía, y la igualdad de oportunidades, todas las asociaciones tienen los mismos derechos.
Defendemos que el gobierno del cambio debe dar una respuesta acorde con su programa de gobierno y con el ideario que sus grupos políticos siempre han defendido, mediante el diálogo y la negociación hasta alcanzar un acuerdo satisfactorio para ambas partes.
Eso implicaría en la práctica la no presentación de denuncia por la propiedad del inmueble, o la retirada de la misma, al menos tras el acuerdo, para evitar consecuencias legales indeseadas y también el compromiso de la parte okupante de no convertir el posible desalojo en un conflicto de orden público, para iniciar así un verdadero proceso de diálogo y negociación entre las partes.
No hay constancia de que Geroa Bai ni su antecesor Nafarroa bai haya nunca antes exigido, y sí criticado las iniciativas legales que conllevan desalojos forzosos, como ocurrió en Euskal Jai y más recientemente en el local okupado en la Rochapea.
El acuerdo a alcanzar con la parte okupante debe basarse en la corresponsabilidad. De ninguna manera las okupaciones de este tipo de locales pueden significar “hacer lo que me dé la gana”. El uso y disfrute de un edificio público debe conllevar fundamentalmente una gestión plural del mismo, sin restricciones a nada ni a nadie, dentro de los límites del respeto mutuo y a los valores democráticos y DDHH.
Un uso sujeto a normas que garanticen la seguridad de los espacios: no puede ser que la ocupación de estos locales pueda conllevar la realización de obras sin autorización municipal como ya ocurrió en el Chalet de Caparroso y que derivó en el precintado por parte de EH Bildu de dicho espacio. No puede ser que no se cumplan las normativas de aforos y seguridad obligatorias para locales de pública concurrencia. No puede ser que en estos locales se cuelguen fotos de presos de ETA porque como reconoció en su día Joxe Abaurrea, concejal de EH Bildu en el Ayuntamiento de Iruña “pueden humillar a las víctimas”.
El desarrollo de actividades sociales, culturales y recreativas debe de contar con todas las garantías que la legislación vigente exige. El convenio firmado entre Ayuntamiento y contraparte para el uso del Chalet de Caparroso puede ser un buena base para la negociación en este caso de Rozalejo y defendemos que así se haga.
Sorprende, por repentina e “improvisada?” la reciente propuesta de la Presidenta del Gobierno de Navarra, Uxue Barkos, de ubicar precisamente en Marqués de Rozalejo el Instituto de la Memoria Histórica, con una inversión de 6 millones de euros. Y sorprende, no porque sea una mala propuesta; es más, quienes propugnamos el derribo del Monumento a los Caídos podríamos ver con muy buenos ojos, que el Instituto de la Memoria fuera ubicado en otro edificio vacío sustituyendo así la para nosotras incomprensible “resignificación” de los Caídos, que defienden el Alcalde Asirón y algunos dirigentes de EhBildu y Geroa bai.
Pero la propuesta de la Sra. Presidenta se queda coja, le falta algo ineludible para abordar lo que dice que desea con intensidad mediante el diálogo y la negociación, como es reconocer la necesidad real de ofertar locales a la juventud, mostrando capacidad para a cumplir con su propio acuerdo programático en materia de locales autogestionados por la juventud, sin obligarles ni obligarnos a confrontar y enfrentar dos proyectos que son y deben ser perfectamente compatibles. La lógica debería ser que el ayuntamiento ofrezca esos locales a los jóvenes por ser su competencia y que el Gobierno colabore en caso de que el ayuntamiento no disponga de los adecuados.
No faltan edificios vacíos en la ciudad por lo que entendemos que mediante el diálogo y la negociación podría acordarse una solución que satisfaga a ambas partes.
Consigamos construir un Instituto de la Memoria Histórica y también dotar a la juventud de locales de gestión pública co-gestionada y/o autogestionada, mediante un convenio que satisfaga a ambas partes desde el punto de vista social, legal, administrativo y de uso responsable y plural de un edificio público.
Izquierda Ezkerra siempre hemos defendido lo aquí expuesto y nunca se ha puesto de perfil ante la ocupación de locales y seguiremos defendiendo la necesidad de espacios públicos en uso y para todos y todas, donde cabe también la autogestión siempre desde el respeto a la pluralidad y a la convivencia.