Denuncian el intento de Navarra Suma de restringir ayudas de emergencia social en Ansoáin, Berrioplano, Berriozar, Iza y Juslapeña
Los representantes de los grupos políticos EH Bildu, Unidas Izquierda Ezkerra Podemos y Geroa Bai en los Ayuntamientos de Ansoáin, Berriozar y el representante de Juslapeña denuncian el intento del Presidente de la Mancomunidad de Servicios Sociales de base, Javier Vílchez de Navarra Suma, de intentar modificar la convocatoria de ayudas sociales para personas en situación económica desfavorable haciéndola más restrictiva y excluyente.
Desde estos grupos se explica que durante los cuatro meses transcurridos desde la toma de posesión del Presidente de la Mancomunidad no han recibido información ni explicación alguna sobre la gestión de la entidad mancomunada, hasta la convocatoria el pasado viernes de una Asamblea General Extraordinaria a celebrar (hoy) el martes 28 de enero a las 10 de la mañana.
En dicha convocatoria, convocada con un plazo inferior al legalmente estipulado para estas convocatorias, que es de dos días hábiles, el principal punto del orden del día era la aprobación de las bases para la concesión de “prestaciones económicas directas” a personas o familias en situación de emergencia social para 2020.
Esta convocatoria, vigente en esta Mancomunidad desde el año 2010, facilita la concesión de ayudas para situación de necesidad en los ámbitos de vivienda, alimentación e higiene, y suministros energéticos básicos (luz, agua, gas). En esta ocasión, a la irregularidad de la convocatoria, realizada con un tiempo inferior al legalmente establecido e insuficiente para el necesario estudio de los temas, se añade el hecho de que se pretenden introducir diversas restricciones y limitaciones para la concesión de las ayudas. Una de más cuestionadas es la obligatoriedad de presentar un contrato de alquiler para poder solicitar ayudas para alquiler de vivienda o habitación en piso compartido, circunstancia que excluiría de estas ayudas a las personas más vulnerables, que en muchos casos se ven obligadas a pagar el alquiler de estas viviendas o habitaciones sin contrato y a precios elevados. Esta vulnerabilidad, al quedar desprotegidas de la normativa de arrendamientos por la carencia de contrato, se vería incrementada al no poder acceder a otro tipo de ayudas como las autonómicas, siendo muchas veces su único recurso estas ayudas municipales, para las que hasta la fecha se exigía una declaración responsable que acreditase su situación.
Otras modificaciones incluidas por el Presidente de Navarra Suma son las limitaciones en el número máximo de mensualidades a conceder en ayuda de vivienda o en facturas de suministros, cuestión que ya se hallaba regulada y limitada de forma suficiente hasta la fecha estableciendo unos máximos anuales por unidad familiar. Por ello, desde estos grupos entienden que no se justifica esta doble restricción en cuanto al número de mensualidades, más allá del mero hecho de querer recortar y excluir situaciones del ámbito de las ayudas para las personas más necesitadas.
Desde estos grupos denuncian la falta de justificación de estas y otras modificaciones planteadas, que no supondrán una mejora de la gestión ni tampoco un mejor control de las ayudas, que ya se realiza de forma interna a través del propio personal técnico y de intervención de la entidad; y de forma indirecta a través del Departamento de Derechos Sociales. Estas modificaciones, que no han sido trabajadas ni informadas previamente con los ayuntamientos que encomiendan la gestión de sus servicios sociales a esta entidad, son en gran medida coincidentes con las aprobadas en la convocatoria de ayudas de emergencia del Ayuntamiento de Pamplona (también gobernado por Navarra Suma) y recientemente publicada en el BON. Por ello, desde estos grupos entienden que puede formar parte de una estrategia compartida por la derecha navarra para limitar y restringir los derechos y las oportunidades de las personas más desfavorecidas.
Desde los grupos firmantes se valora muy negativamente este intento de Navarra Suma en la Mancomunidad, realizado “con nocturnidad y alevosía”, convocando una Asamblea Extraordinaria injustificada y sin el plazo legal necesario. Por ello, tras confirmar esta circunstancia con el Secretario de la Mancomunidad de forma previa al inicio de la sesión, han solicitado verbalmente y por escrito la no celebración de la Asamblea Extraordinaria convocada, y la nueva convocatoria de una Asamblea General Ordinaria con el plazo de seis días hábiles previsto legalmente.
Esta nueva Asamblea General Ordinaria, de ser convocada, permitiría la posibilidad de realizar ruegos y preguntas a la Presidencia tras cuatro meses de falta de información y transparencia, lo que al entender de estos grupos, podría ser una de las cuestiones que pretendía evitar Javier Vílchez con la maniobra realizada. Además, han propuesto a la Presidencia de Navarra Suma una reunión previa a la Asamblea General para poder trabajar y consensuar las bases de la convocatoria de ayudas, manifestando a su vez su compromiso compartido para evitar cualquier recorte o restricción que conduzca a limitar los derechos y oportunidades de los y las vecinas más vulnerables.
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