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¿Sabemos ganar la izquierda?

Por Txema Mauleón, miembro de Batzarre.

 

Antes de continuar leyendo el siguiente párrafo, parémonos un momento a pensar. ¿Qué reforma del gobierno progresista de España en esta legislatura, es la que puede suponer un mayor avance social a medio y largo plazo?

 

Haciendo un repaso somero se me ocurren unas cuantas cosas positivas. La ley de eutanasia, el Ingreso Mínimo Vital, el Plan de Choque de la Dependencia, o una ley de presupuestos generales para 2022 con el mayor avance nunca habido del gasto social en España.

 

Con todo, estamos hablando de unas medidas muchas de ellas de tipo coyuntural (presupuestos) y que por tanto la derecha puede “cargarse” a la primera de cambio si vuelve al poder, o medias que afectan a colectivos importantes pero minoritarios (eutanasia, IMV, dependencia…). Hay cuestiones centrales para una sociedad como la sanidad y la educación, pero como se sabe, la mayor parte de competencias y de inversión, corresponden a las Comunidades Autónomas.

 

En mi opinión, con total claridad, la medida que más va a cambiar la sociedad hacia mayores cotas de justicia social e igualdad si se aprueba (luego profundizamos en eso), va a ser la nueva reforma laboral.

 

Hay que tener en cuenta que se trata de una norma que incide directamente en todo el sistema económico y de empleo, y, por tanto, tiene un efecto en prácticamente el 100% de la población en la mayor parte de nuestra vida.

 

Los elementos más importantes ya se han señalado, pero remarcaré los que me parecen más importantes.

 

Si por algo va a ser conocida esta reforma laboral es por atajar en gran parte dos de los mayores problemas de nuestro mercada laboral, esto es, la temporalidad y la precariedad asociada a dicha temporalidad y a malos salarios, además de recuperar derechos laborales y sindicales básicos como la ultra-actividad y la prevalencia del convenio sectorial frente al de empresa. Y algo muy importante, la obligación de aplicar el mismo convenio a las empresas subcontratadas de determinado sector, que ha sido un recurso muy utilizado para mermar condiciones laborales y salariales.

 

Se está escribiendo mucho, por parte de sindicalistas, expertos/as en la materia del ámbito universitario y legal-laboral sobre la gran envergadura de la reforma.

 

Primero el ambicioso cambio en el sistema de contratación. La desaparición del contrato por obra o servicio y la limitación de los contratos temporales creo que va a suponer un avance que veremos los próximos meses, de crecimiento muy importante de la contratación indefinida, lo cual es central para dar estabilidad y confianza en el futuro de las personas. Sin duda la gente joven y las mujeres de nuestro país, son las grandes beneficiarias de esta reforma laboral, más si tenemos en cuenta que somos uno de los países de Europa con mayor tasa de temporalidad.

 

Algún dato para ilustrar la envergadura de esta cuestión. En 2019 se firmaron 20 millones de contratos temporales en España, de los cuales 8 millones eran por obra o servicio, que ahora desparecen con la reforma para procurar convertirse en fijos. Se calcula que el hecho de que todas y todos los trabajadores pasen a cobrar lo establecido en convenio, puede suponer un incremento de 5000 euros al año de medida en el salario.

 

Y por otro lado, la figura de los ERTE. Con la nueva reforma, esta se consolida como la gran herramienta para evitar los despidos en momentos de crisis general o particular de las empresas. Desde muchos sectores, se está reconociendo que este ha sido el mejor instrumento social aplicado en la pandemia, además de lograr que no se destruyan millones de empleos y que estos se hayan recuperado con rapidez, como estamos viendo con cifras récord, una vez pasaron los meses más duros de la pandemia. Por tanto, que esto pase a ser un derecho garantizado en la ley, es un avance de primer orden que nos acerca a modelos de éxito en otros países de Europa.

 

Desde ciertos sectores de la izquierda se están destacando algunas cuestiones que siendo importantes convendría matizar. Es cierto que no se recuperan las indemnizaciones por despido anteriores a la reforma laboral, pero también es cierto que, si desaparecen 8 millones de contratos de obra y servicio, contratos que ahora apenas tienen indemnización, la partir de la aprobación muchos serán indefinidos y la van a tener.

 

Pero más allá de una u otra cuestión parcial, una cuestión central es el acuerdo entre partes. Desde cualquier práctica sindical se sabe que en un acuerdo, todo el mundo gana y todo el mundo pierde desde sus planteamientos de partida. Pero se gana más o menos en función de su posición de fuerza. En este caso, hay dos cuestiones clave, por un lado, es el primer acuerdo en 40 años que gana derechos para la gente trabajadora, y lo hace por tener una ministra y un gobierno que claramente han inclinado más la balanza al lado sindical que empresarial. Sin duda con otro gobierno y otra ministra, hubiera sido bien diferente como lo han sido los últimos 40 años.

 

Y ante todo esto, leo con estupor la posibilidad que fuerzas como Bildu, ERC, BNG, CUP… voten no a una reforma con el PP y Vox, con la consecuencia directa de que quedaría en vigor la actual reforma del PP. Ya lo hicieron con los primeros presupuestos generales tras la moción de censura de Pedro Sánchez que derivó en unas elecciones generales que solo sirvieron para que Vox irrumpiera y que por pocas nos cuesta un gobierno de derechas con Vox apoyando. ¿Eso es lo que buscan?. El fracaso de la reforma laboral en el congreso sería el mayor fracaso de la legislatura en una lógica de cuanto peor mejor.

 

A mi juicio, estos partidos están siendo absolutamente desleales y jugando con fuego, además desde argumentos peregrinos.  En mi experiencia, cuando el Gobierno y los agentes sociales pactan, por ejemplo un convenio sectorial, esta legislatura llevamos ya dos con ELA y LAB liderándolos, en Derechos Sociales, el resultado “va a misa” y todo el arco parlamentario lo respeta. Se ve que en esta ocasión, intuyo que más por celos políticos (hacia Unidas Podemos) y sindicales (hacia UGT y CCOO) que otra cosa, pretenden alegar que tienen más legitimidad unos partidos minoritarios, que la representación de la mayoría abrumadora sindical, empresarial y el propio Gobierno a nivel estatal.

 

Ojalá me equivoque. Pero si son capaces de tumbar un avance social de esta envergadura, como ocurrió por primera vez en esos presupuestos generales que provocaron elecciones generales, deberíamos muy seriamente desde las izquierdas plantearnos el tipo de acuerdo y relación que tenemos con estas fuerzas que claramente priorizan alimentar el conflicto nacional por encima del que puede ser el mayor avance social en décadas.